Id. Cendoj: 28079230062015100202
ECLI: ES:AN:2015:2365
ROJ: SAN  2365/2015
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 
Fecha de Resolución: 20/06/2015
Nº de Recurso: 24/2012
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000024 / 2012

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 00772/2012

 Demandante: ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZADORES ALHONDIGUISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE ANDALUCÍA

 Procurador: D. MANUEL LANCHARES PERLADO

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IIma. Sra.: Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. Berta Santillan Pedrosa

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. JAVIER EUGENIO LÓPEZ CANDELA

 Madrid, a veinte de junio de dos mil quince.

 VISTO, en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 24/12, seguido a instancia de "ASOCIACIÓN DE COMERCIALIZADORES ALHONDIGUISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE ANDALUCÍA representada por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Lanchares Perlado, con asistencia letrada, y como Administración demandada la General del Estado, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la cuantía se fijó en 183.214 €, e intervino como ponente la Magistrada Dª ANA ISABEL RESA GÓMEZ. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

                                                     ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO-. La representación procesal indicada interpuso recurso contencioso-administrativo ante esta Sala contra la Resolución de referencia mediante escrito de fecha 19 de enero de 2012. Por Decreto del Sr. Secretario se acordó tener por interpuesto el recurso, ordenando la reclamación del expediente administrativo.

 SEGUNDO-. En el momento procesal oportuno la representación de la actora formalizó la demanda mediante escrito de 25 de septiembre de 2013 en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de rigor, termino suplicando se dicte sentencia por la que con estimación del recurso, se anule la resolución impugnada conforme a los pedimentos contenidos en el suplico de la misma, dejando sin efecto la sanción impuesta.

 TERCERO-. El Abogado del Estado contestó a la demanda para oponerse a la misma, y con base en los fundamentos de hecho y de derecho que consideró oportunos, terminó suplicando la desestimación del recurso.

 CUARTO- . Solicitado el recibimiento del pleito a prueba fue practicada la que propuesta se declaró pertinente con el resultado obrante en autos y tras evacuar las partes el trámite de conclusiones quedaron los autos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 12 de mayo de 2015, habiéndose continuado la deliberación los días 19 de mayo y 2 de junio, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

 PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de fecha 14 de diciembre de 2011, por la que se impone a la hoy recurrente la sanción de multa de 183.214 euros por resultar acreditada una infracción del Artículo 1 de la Ley 15 /2007 de 17 de julio de Defensa de la Competencia.

 SEGUNDO : La Resolución de la CNC que hoy enjuiciamos declara en su parte dispositiva, en lo que ahora interesa:

 "PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción del artículo 1 dela LDC y del artículo 101 del TFUE , consistente en un acuerdo para establecer precios mínimos de pimiento california, lamuyo e Italiano, calabacín, pepino, berenjena, y tomate de la que son responsables COAGAlmería,ASAJA-Almería y ALHÓNDIGAS.

 SEGUNDO.- Imponer las siguientes sanciones a las autoras de la conducta infractora:...

 A Asociación de Comercializadores Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas de Andalucía 183.214 € ..."

 TERCERO : Son datos fácticos a tener en cuenta para la resolución del presente contencioso que:

 1.- En enero de 2010, la Dirección de Investigación inició una información reservada, tras tener conocimiento, a través de unas informaciones aparecidas en prensa, de la posible existencia en el sector hortofrutícola de un acuerdo de fijación de precios mínimos y de la constitución de una mesa de trabajo para regular la variación de los precios, por parte de determinadas organizaciones profesionales agrarias, asociaciones alhóndigas y asociaciones de cosecheros-exportadores.

 2.- El 8 de marzo de 2010, la Dirección de Investigación acordó la incoación de expediente sancionador contra la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación de Comercializadores Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ALHÓNDIGAS), por posibles conductas prohibidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE ).

 3.- Con fecha 22 de julio de 2010, la Dirección de Investigación acordó la ampliación del expediente, entendiéndose también incoado contra ASAJA-Almería y COAG-Almería. El acuerdo de ampliación considera que los presuntos responsables de los hechos objeto del expediente no son COAG y ASAJA a nivel nacional , sino que son COAG-Almería y ASAJA-Almería y, por tanto, a partir de ese momento las actuaciones se refirieron únicamente a ASAJA-Almería, COAG-Almería y ALHÓNDIGAS.

 4.- El Consejo de la CNC en su Resolución de fecha 14 de diciembre de 2011 consideró acreditada una infracción del artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del TFUE , consistente en un acuerdo para establecer precios mínimos de pimiento california, lamuyo e Italiano, calabacín, pepino, berenjena, y tomate de la que son responsables COAG-Almería, ASAJA-Almería y ALHÓNDIGAS. La conducta descrita es un acuerdo de precios mínimos, cuyo objeto es limitar o falsear la competencia, es decir que es anticompetitivo por el objeto, sin que sea necesario probar la existencia de efectos, sino únicamente que tiene aptitud para producirlos. Considera que ha existido afectación al comercio entre los Estados miembros, puesto que se trata de acuerdos de precios en unos productos, los hortofrutícolas producidos en Almería que en un 60% se dedican a la exportación, siendo los Países miembros de la UE (Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido) los receptores de la práctica totalidad, un 97%, según datos de la campaña 2007/08.

 5.- El Consejo no se opone a que las organizaciones agrarias alcancen acuerdos de acción conjunta en defensa de los intereses de sus asociados, pero no puede aceptar que bajo el título de acción sindical, se amparen conductas contrarias a las normas vigentes, en concreto a las normas de competencia, como es el caso de los acuerdos de fijación de precios mínimos, que sin lugar a dudas exceden de los límites de una acción sindical legitima. De acuerdo con el Consejo los sujetos implicados en este acuerdo, COAG-Almería, ASAJA-Almería y ALHÓNDIGAS, están actuando como operadores económicos de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta de la LDC , donde expresamente se señala que se entiende por empresa, cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación.

 6.- Por todo ello el Consejo de la CNC impuso a estas tres entidades las siguientes multas: COAG-Almería 29.662 €., ASAJA- Almería 25.570 €. y ALHÓNDIGAS 183.214 €.

 CUARTO: ALHÓNDIGAS es la Asociación de Comercializadores Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (en junio de 2008 el ámbito territorial de actuación de la Asociación pasa de la provincia de Almería a la Comunidad Autónoma Andaluza), con domicilio en Almería, Ctra. de Ronda nº 11, 1º E. Constituida al amparo de la Ley 19/77, de 1 de abril y Real Decreto 873/77 de 22 de abril, que regula las Asociaciones Profesionales Empresariales, para la defensa y promoción de sus intereses peculiares derivados de su actividad económica.

 2. La asociación se integra por entidades que se dedican a la comercialización de frutas y verduras mediante el sistema de subasta en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 3. Sus fines y objetivos se describen en el artículo 7 de sus Estatutos y, entre otros, son: la defensa de los intereses determinados por la actividad económica de la asociación y de sus miembros, el fomento del cultivo y la comercialización de frutas y hortalizas, promoción de la calidad de la producción, negociar y suscribir acuerdos que afecten a sus miembros (folios 722 y 723).

 4. Sus miembros son: AGRUPALMERÍA, S.A. (dedicada a la subasta de tomate en sus variedades más amplias, pertenece al grupo empresarial FEMAGO y junto con AGROCASTELL conforman unos de las compañías más grandes del sector hortofrutícola almeriense), AGROPONIENTE, S.A. (empresa que forma parte del Grupo AGROPONIENTE, se forma por comercializadores del poniente almeriense, mayoristas y exportadores de frutas y verduras, con almacén mixto dedicado a la venta en origen (subasta) y a la comercialización en destino y exportación), VEGACAÑADA, S.A., (empresa que forma parte del Grupo AGROPONIENTE, se dedica a comercializar diversos tipos de productos hortofrutícolas, pero en especial el tomate), E.H. FEMAGO, S.A. (es un grupo dedicado fundamentalmente a las subastas, cuyos inicios se remontan a los años cuarenta. Los servicios que presta al agricultor son: asesoramiento técnico, servicio de normalización, envases, instalaciones para exposición, venta de género, servicio de descarga de género.

 La casi totalidad de su campaña parte hacia el mercado internacional) y COOPERATIVA PROVINCIAL AGRARIA Y GANADERA SAN ISIDRO LABRADOR (CASI) (es una organización de productores de frutas y hortalizas, que agrupa a un gran número de agricultores del levante almeriense. Sus instalaciones de La Cañada (Almería) son el mayor punto de comercialización en origen del tomate, en sus diferentes variedades, del sudeste español). Estas empresas se dedican a la venta al por mayor de frutas, verduras y hortalizas y en especial a la exportación. Algunos cuentan con fincas propias de producción, aunque no son de gran superficie (entre 0,8 y 12ha., siendo la superficie invernada de la provincia de Almería en torno a 27.000ha.).

 QUINTO : Alega en primer lugar la parte actora como fundamento de su pretensión anulatoria, la falta de competencia territorial de la CNMC,lo que vulnera el art. 1 de la Ley 1/2002 de Coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la Competencia y el art. 58.4 de la LO2/2007 del Estatuto de Andalucía y 3.1 de la Ley Andaluza 6/2007 , por cuanto el órgano competente es la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ya que el ámbito territorial en el que se desarrollan las conductas es la provincia de Almería.

 Dicha alegación no puede prosperar dado el alcance real que han tenido las conductas infractoras que han afectado al comercio entre los Estados miembros en el sentido del Reglamento 1/2003, ya que se trata de acuerdos de precios en productos hortofrutícolas producidos en Almería, que en un 60% se dedican a la exportación, siendo los países miembros de la UE (Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido) los receptores de la práctica totalidad, un 97%, según datos de la campaña 2007/08.

 Son las Directrices de la Comisión (DOUE C101 de 27 de abril de 2004) relativas al concepto de efecto sobre el comercio las que señalan que al aplicar el criterio del efecto sobre el comercio, deben tenerse especialmente en cuenta tres elementos: a) concepto de "comercio entre los Estados miembros", b) la noción de "puede afectar" y c) el concepto de "apreciabilidad".

 Desde el momento en que las conductas imputadas transcienden del mero ámbito autonómico, la competencia de la CNMC para conocer de las mismas es clara.

 SEXTO: Caducidad del expediente por el transcurso del plazo máximo de tramitación que establece el art. 36 de la LDC .

 Considera que la tramitación del expediente ha durado 550 días y que tanto se cuente el cómputo por meses como por días, el procedimiento esta caducado.

 El art. 36.1 de la Ley 15/2007 dispone que: "El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente."

 A su vez el art. 37.1 señala que: "El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución motivada, en los siguientes casos:

 a.- Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.

 El art. 12.3 del RDC establece que: "En los casos de suspensión del plazo se determinará añadiendo al término del plazo inicial, los días naturales durante los que ha quedado suspendido el plazo".

 Debemos recordar lo declarado sobre la institución de la caducidad en nuestra sentencia de 19 de junio de 2013, recurso 394/2011 :

 "El Tribunal Supremo (sentencia de 13 de enero de 2010 rec. 1279/2007 ) ha declarado que la caducidad de los procedimientos sancionadores es una institución jurídica con la que se trata de evitarla tardanza injustificada en resolver aquéllos, por entender el legislador que los sujetos expedientados se encuentran en una situación desfavorable que no ha de alargar indebidamente la Administración sancionante.

 Si la demora no obedece a la desidia administrativa sino que viene propiciada por la necesidad de resolver cuestiones complejas suscitadas por los propios expedientados, la decisión de interrumpir el plazo máximo para resolverlas (tanto más si es consentida por estos últimos) debe entenderse en principio válida a dichos efectos temporales.

 En el procedimiento que regula la Ley 15/2007 está claramente separada la fase de instrucción de la fase de resolución; como ha señalado la propia CNC en algunas de sus resoluciones, del examen conjunto delos artículos 51 pfo.1 de la Ley 15/2007 y el artículo 36 pfo. 1 del Reglamento DC , resulta que en principio no está contemplada la práctica de pruebas en la fase de resolución, porque este último precepto establece que el Consejo podrá denegar la práctica de pruebas que pudieron haber sido propuestas en fase de instrucción ante la Dirección de Investigación y no lo fueron. Igualmente se establece la posibilidad de que en esta fase de resolución, de oficio o a instancias de un interesado, se admita y acuerde la práctica de actuaciones complementarias, y practicadas, que los interesados formulen alegaciones.

 Es coherente con este sistema la extensión del plazo de suspensión a la finalización de la presentación de alegaciones, que van unidas a la admisión y práctica de nuevas actuaciones, y que conforman por tanto la incidencia para la que se ha suspendido el plazo, suspensión autorizada por la LDC.

 Resulta en consecuencia que, a juicio de esta Sala, el periodo por el que se acuerda la suspensión alcanza a la finalización del periodo que se conceda para formular alegaciones a los interesados, cuando, como es el caso, se ha acordado la realización de actuaciones complementarias por el órgano encargado de resolver el expediente. El principio de seguridad jurídica y el respeto al derecho de defensa de las empresas expedientadas justifican que el levantamiento se acuerde una vez finalizado el periodo para formular alegaciones."

 Por su parte nuestra sentencia de 12 de abril de 2013, dictada en el recurso 395/2011 , afirma:

 "El artículo 36.1 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007 (en adelante LDC 2007) establece que "El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo y su distribución entre las fases de instrucción y resolución se fijará reglamentariamente".

 El artículo 28.4 del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante RDC 2008) establece que "El plazo de instrucción del expediente será de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento sancionador sin que se hubiera resuelto el procedimiento determinará la caducidad del mismo de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 15/2007, de 3 de julio ".

 El artículo 38.1 de la Ley de Defensa de la Competencia establece que "el transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en el apartado primero del artículo 36 para resolver el procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas determinará la caducidad del procedimiento".

 Resulta en consecuencia que la caducidad del procedimiento sancionador en materia de defensa dela competencia tiene lugar cuando han transcurrido 18 meses sin que haya recaído resolución alguna en el expediente. Ahora bien: el hecho de que la fase de instrucción haya superado en este caso el plazo de del Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (12 meses)no trae la consecuencia que propugna la actora de caducidad del procedimiento. El precepto en cuestión anuda la caducidad al transcurso de 18 meses en total, lo que confirma el art. 38.1 de la Ley 15/2007 que establece la consecuencia de la caducidad sólo para el supuesto en que se supere el plazo máximo de 18 meses desde la incoación del expediente hasta la notificación de la resolución que ponga fin al expediente sancionador..."

 En el caso que ahora nos ocupa e l acuerdo de incoación del expediente es de fecha 8 de marzo de 2010, por lo que el transcurso del plazo de 18 meses finalizaba el 8 de septiembre de 2011. No obstante constan las siguientes suspensiones, que las partes no discuten:

 -Folio 2159 del expediente en el que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, acuerda suspender con fecha 16 de junio de 2011 el plazo máximo para resolver el presente expediente hasta que se dé respuesta por la Comisión Europea a la información remitida o trascurra el término a que hace referencia el artículo 11.4 del Reglamento (CE ) no 1/2003. En el folio 2175 se acuerda levantar la suspensión acordada en fecha 16 de junio de 2011, reanudándose, con efectos desde el 18 de julio, el cómputo del plazo para resolver el presente expediente. Total de días suspendidos 31.

 -Consta en el folio 2189 que con fecha 22 de julio de 2011, el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia acordó suspender el plazo máximo para resolver el expediente de referencia durante la práctica de las pruebas complementarias y que una vez practicada la prueba y formuladas alegaciones por los interesados, se procede a alzar la suspensión acordada en fecha 22 de julio de 2011, reanudándose, con efectos desde el 1 de septiembre de 2011 el cómputo del plazo para resolver el presente expediente. Total 40 días.

 -Consta en el folio 2303 que de conformidad con el art. 37.1 letra e) de la LDC queda suspendido el transcurso del plazo máximo para resolver este procedimiento sancionador desde el 3 de noviembre de 2011 en el que el Consejo solicitó a las partes información necesaria para la resolución del expediente, reanudándose, con efectos desde el 28 de noviembre de 2011 el cómputo del plazo parar resolver el presente expediente. (Folio 2329). Total 24 días.

 Esto significa que el procedimiento estuvo suspendido durante 95 días (31+40+24) que sumados al 8 de septiembre de 2011, fecha en la que debió finalizar el expediente, nos lleva a la fecha de 13 de diciembre de 2011 (22 días de septiembre, 31 días de octubre, 30 de noviembre y 12 de diciembre).

 Como quiera que el plazo finalizó el 12 de diciembre de 2011, y la resolución es de 14 de diciembre de 2011, notificada al día siguiente, (folio 2437) el procedimiento había caducado, por lo que procede estimar dicho motivo, estimándose el recurso sin necesidad de entrar en el análisis de las demás cuestiones planteadas.

 SÉPTIMO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la Administración demandada.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLO

 QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso interpuesto por la representación procesal de ASOCIACION DE COMERCIALIZADORES ALHONDIGUISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE ANDALUCÍA, contra la resolución de la CNC de fecha 14 de diciembre de 2011 a la que la demanda se contrae, que anulamos por su disconformidad a Derecho, en cuanto a la actora, con expresa imposición de costas a la Administración demandada.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 , y testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid, a 26/6/2015 doy fe.