La CNMC ha emitido un informe sobre la Orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se fijan los peajes de acceso de energía eléctrica y de gas para 2017. Es decir, sobre las cantidades que deberán satisfacer los consumidores para cubrir los costes regulados del sistema (IPN/DE/029/16 y IPN/DE/028/16).
Por lo que se refiere al sector eléctrico, el informe de la CNMC considera que los ingresos regulados previstos para 2017 son suficientes para cubrir los costes y, en consecuencia, se mantienen congelados los peajes. En todo caso, no ha sido posible valorar los ingresos por peajes de acceso a consumidores y generadores, ya que en la Memoria que acompaña a la Orden no se aporta la información necesaria.
Por otra parte, la CNMC considera inadecuado el mecanismo de financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del 50% del coste de las instalaciones de producción renovable ubicadas en el territorio insular. De forma coherente, tampoco se deberían llevar a cabo las regularizaciones propuestas para incluir dichos costes en el cálculo realizado para los años 2015 y 2016. Por último, se identifican otras dificultades operativas en la propuesta del Ministerio.
En cuanto a los peajes y retribuciones en el sector gasista, la CNMC considera que la previsión de crecimiento de la demanda planteada por el Ministerio para 2017 podría no alcanzarse en su totalidad y por ello existe un riesgo de desviaciones de los ingresos que podrían provocar déficit, lo que haría necesario revisar los peajes y cánones aplicables en 2017. En el caso de los costes del sector gasista para 2017, las previsiones están alineadas con las de la CNMC.
Competencias de la CNMC
En los informes aprobados se pide al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que apruebe de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para adecuar las competencias de la CNMC con las que tienen el resto de reguladores europeos de acuerdo con la normativa comunitaria.
El 29 de septiembre de 2016 la Comisión Europea remitió al Gobierno un dictamen motivado en el que le instaba a cumplir plenamente las disposiciones del tercer paquete energético, dándole un plazo de dos meses para que modificara la normativa española y devolviera las competencias a la CNMC.
La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (julio de 2009) sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, establece entre las funciones reconocidas a los reguladores, la de fijar o aprobar, de acuerdo con criterios transparentes, los peajes de transporte y distribución o las metodologías para su cálculo.
Sin embargo, la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, modificó la Ley del Sector Eléctrico para atribuir de forma expresa al Gobierno –y no la CNMC- la competencia para establecer la estructura y condiciones de aplicación de los peajes de acceso a las redes, es decir las cantidades que deberán satisfacer los consumidores para cubrir los costes del sistema.
En línea con lo anterior, el nuevo paquete de medidas regulatorias aprobado por la CE el 30 de noviembre de 2016 aclara de forma específica la asignación a la Autoridades Regulatorias Nacionales de la función de establecer las tarifas y sus metodologías. En este mismo sentido se ha pronunciado el recientemente aprobado Reglamento de la UE por el que se establece la armonización de las estructuras tarifarias de transporte en gas (Código de tarifas de gas), cuya publicación se espera en el primer trimestre de 2017.
