La actividad de contratación en el sector público alcanza cifras que superan el 10% del PIB nacional y genera un mercado en el que las empresas privadas compiten por ser adjudicatarias de los bienes, obras o servicios que el sector público demanda.
Garantizar la competencia en los procesos de compra pública, además de ser un imperativo legal, incentiva que las empresas ofrezcan bienes y servicios de mayor calidad y a menores precios, lo que mejora la eficiencia del gasto público.
La promoción de la competencia en la contratación pública es una prioridad de la CNMC.