• La trama empresarial se repartió los clientes, pactó precios y condiciones comerciales para encarecer los contratos de servicios informáticos a la Administración.
• El fraude para encarecer los contratos públicos en informática y tratamiento de datos duró quince años y se conoció gracias una denuncia.
• Las administraciones afectadas son la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo (SEPE),
• Las sanciones se elevan en conjunto a 29,9 millones de euros.
• Se trata del primer caso resuelto gracias a la campaña contra el fraude en la contratación pública que lanzó la CNMC hace año y medio.

Once empresas han sido sancionadas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública. La trama empresarial se repartió los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible para encarecer la contratación pública. Las sanciones impuestas se elevan en su conjunto a 29,9 millones de euros. (S/DC/0565/15)

El 8 de marzo de 2015 la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) recibió una denuncia, fruto de la campaña contra el fraude en la licitación pública que la CNMC lanzó hace año y medio. Tras las investigaciones realizadas y una vista pública con las empresas implicadas, la CNMC considera acreditada una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, constitutiva de cártel.

Las empresas involucradas operaban en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos. En la mayoría de los casos estos contratos conllevan la integración física de personal de las empresas incoadas o de sus subcontratas en las plantillas de los clientes como personal de apoyo. Entre los organismos afectados por el fraude se encuentran la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras. Las conductas ilícitas realizadas afectan a los procedimientos de contratación, que se hacían de diversas formas: i) mediante la creación de UTE (Uniones temporales de Empresas) de carácter instrumental; ii) la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación; iii) la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados; iv) la cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos y a cambio de otro tipo de favores. Con todo ello reducían la competencia entre las empresas que se presentaban al concurso público.

Empresas participantes en el cártel

La intensidad de la participación de las empresas variaba en función del organismo que convocaba las licitaciones y del tipo de concurso. Los instigadores de la trama fueron dos: Indra y SAG. En el reparto del mercado participó un grupo de nueve empresas con distintos grados de responsabilidad: Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next. A esta lista hay que sumar otras tres empresas para las que no existen pruebas suficientes.

Las empresas sancionadas son:

• Indra Sistemas SA: 13,5 millones de euros
• SAG (Software AG) España SA: 6 millones de euros
• Atos Spain SA: 5 millones de euros
• Connectis ICT Services SA.: 1,8 millones de euros
• IBM (International Business Machines) SA: 940.000 euros
• Everis Spain SL: 800.000 euros
• Babel Sistemas de Información SL: 633.917 euros
• Cibernos Consulting SA: 616.038 euros
• Gesein SL: 320.969 euros
• Accenture SL y Accenture Outsourcing Services SA: 300.000 euros
• Next Computer Services SA: 46.760 euros

La CNMC recuerda que contra esta Resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Campaña contra el fraude en la licitación pública

La CNMC inició hace año y medio una campaña contra el fraude en la licitación pública. Para ello ha realizado cursos de formación y charlas explicativas con los Órganos de Contratación de la Administración Pública dirigidos a mejorar los procedimientos y ayudarles a detectar los procedimientos irregulares.

El carácter secreto de este tipo de acuerdos ilícitos para no competir en las licitaciones convocadas por la Administración hace imprescindible la colaboración de los empleados públicos y requiere que éstos puedan informar a la CNMC cuando detecten alguna conducta sospechosa en sus concursos.

La CNMC anima a todos aquellos que participen en órganos de contratación que tengan indicios de este tipo de conductas o que quieran tener más información acerca de estos elementos que facilitan su detección a que se pongan en contacto con la Autoridad de Defensa de la Competencia a través del buzón de colaboración ciudadana (buzoncolaboracion@cnmc.es) o bien por teléfono (+34 917 931 600).

Además, se ha elaborado una sencilla guía de ayuda para detectar el fraude en la contratación pública.

(S/DC/0565/15)