- El Consejo General del Poder Judicial, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia han acogido el Congreso Internacional sobre Gobernanza Económica, Regulación y Administración de Justicia.
- La realidad de la globalización y sus efectos exige el reconocimiento del derecho a una buena regulación, que se mida en términos de su impacto real.
- La confianza de los ciudadanos en las instituciones, la buena regulación y su correcta aplicación es esencial para salvaguardar la democracia.
Expertos mundiales han debatido durante dos días en la sede de la CNMC sobre el escenario de globalización actual y las fórmulas para actuar sobre los déficits de gobernanza mundial.
Las conclusiones del Congreso se han plasmado en un documento que recoge las ideas y aspiraciones que fundamentan la Declaración de Madrid, cuyo texto se hará público próximamente.
Reformas del modelo de gobernanza
La globalización tecnológica, económica y comunicativa no se ha visto reflejada en una globalización de la política o de la regulación, que continúa actuando con una perspectiva nacional sobre asuntos púbicos que trascienden a los estados.
La ineficacia de los gobiernos nacionales para actuar sobre la nueva realidad mundial provoca la frustración, el malestar de los ciudadanos y su desconfianza en las instituciones.
Se impone reformar los modelos normativos y los procesos de toma de decisiones que refuercen las democracias. Se necesitan instituciones de calidad que no se interpongan en el desarrollo económico y promuevan un entorno regulatorio seguro que dote de gobernanza a la nueva realidad global.
Regulación económica “inteligente”
La regulación económica tiene un papel esencial, debe ser predecible, estable, eficiente, equitativa responsable, clara y compatible con las innovaciones tecnológicas y estar al servicio de los intereses generales; una regulación flexible ante los cambios disruptivos.
Por su parte, las Administraciones Públicas como autoridades de regulación son responsables de proteger el interés general y garantizar el buen funcionamiento de los mercados y la libre competencia entre los operadores económicos. Su actuación debe fundamentarse en la eficiencia, la independencia y la neutralidad.
La gestión de los Fondos Next Generation constituye un reto para la regulación de la necesaria colaboración privado-pública.
Contextualizar el derecho de la competencia
La política de competencia no puede llevarse a cabo de forma aislada, como un fin en sí mismo, sin referencia al contexto legal, económico, político y social. La pandemia y las consecuencias de la invasión ilegal de Ucrania han confirmado esta visión, ampliamente respaldada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Las tecnologías digitales están transformando las relaciones económicas y los modelos de negocio. Los poderes públicos deben incorporar el cambio tecnológico, es una oportunidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y reforzar el Derecho de la Competencia en Europa.
Nuevo “lenguaje jurídico” digital
Los nuevos mercados digitales ponen en jaque las reglas tradicionales regulatorias y de competencia. Es necesario un nuevo lenguaje jurídico comprensible para aproximarse al procesamiento y análisis masivo de datos.
Las recientes iniciativas legislativas de la Unión Europea (Reglamentos sobre Mercados Digitales (DMA), sobre Servicios Digitales (DSA) y sobre Inteligencia Artificial) introducen nuevos conceptos jurídicos en el derecho de la Unión Europea que van a permitir evolucionar los conceptos fundamentales de la política de la competencia y el mercado único.
Regulación para los ciudadanos
El destinatario de la regulación debe ser el ciudadano. Los poderes públicos deben adoptar las mejores prácticas para transitar hacia un modelo regulatorio que consolide los derechos y las libertades. La transparencia, la rendición de cuentas y el fomento de la participación social deben guiar el diseño de los distintos marcos regulatorios.
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