Observamos y analizamos la actividad del mercado para detectar y prevenir prácticas anticompetitivas que puedan dañar la competencia y afectar a los consumidores.
Establecemos normas para garantizar una competencia efectiva entre empresas de distintos sectores económicos, con especial atención a la protección del consumidor.
La pérdida en el bienestar de los consumidores derivada de las restricciones en la normativa de VTC se estima en un mínimo de 324 millones de euros al año