El 2 de octubre de 2016 entró en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas. Su artículo 14 establece, para un amplio conjunto de sujetos, el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para la práctica de cualquier trámite en un procedimiento administrativo.