- La regulación actual establece que las empresas distribuidoras de gases combustibles y suministradores de gases licuados del petróleo deberán realizar cada 5 años una visita de inspección a las instalaciones receptoras conectadas a redes canalizadas.
- El estudio analiza la regulación de estas inspecciones y realiza una serie de recomendaciones a las autoridades competentes para que el mecanismo de inspección logre la máxima eficiencia económica, cumpliendo al tiempo con sus objetivos de seguridad de las instalaciones.
- El análisis económico indica que existe un amplio margen de mejora de los actuales precios regulados; la introducción de competencia efectiva aportaría ventajas en precios y servicio al usuario; se recomienda a las administraciones competentes que adopten medidas de mejora de la eficiencia económica de las inspecciones periódicas.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado el Estudio sobre el mercado de inspecciones de instalaciones receptoras de gases combustibles por canalización.
La redacción actual de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos entre las obligaciones de las empresas distribuidoras de gases combustibles y suministradores de gases licuados del petróleo establece la realización cada 5 años de visitas de inspección a las instalaciones receptoras conectadas a redes canalizadas. El coste de estas inspecciones se repercute a los usuarios de las instalaciones y corresponde a las Comunidades Autónomas la regulación del precio que perciben los distribuidores por realizar tales inspecciones periódicas.
El objetivo de este estudio es analizar la regulación de estas inspecciones periódicas y realizar una serie de recomendaciones a las autoridades competentes, nacionales y autonómicas, para que el mecanismo de inspección periódica de instalaciones receptoras de gases combustibles conectadas a redes de distribución logre la máxima eficiencia económica y cumpla con los objetivos de seguridad de las instalaciones.
El estudio concluye que, teniendo en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad, es conveniente una apertura a la competencia del servicio de inspección periódica. La introducción de presión competitiva en el mercado mejoraría las condiciones del servicio de inspección para el consumidor; permitiría una previsible reducción de los precios respecto a los precios actualmente regulados; así como a una mayor flexibilidad a la hora de acordar una cita para la visita de los inspectores a la instalación. No obstante, el análisis económico detecta la existencia de posibles fallos de mercado que podrían afectar a su correcto funcionamiento. Para ello se propone que la apertura del mercado se acompañe de medidas adicionales que garanticen la seguridad y la calidad de las instalaciones inspeccionadas.
En concreto, se recomienda dar la opción a los usuarios de contratar la inspección con un instalador autorizado de su elección, con libertad de precios, trasladando al consumidor las ventajas de la tensión competitiva existente actualmente en la subcontratación de los servicios de inspección por parte de las compañías distribuidoras o suministradoras.
Adicionalmente, se recomienda la habilitación del acceso de las empresas instaladoras a la información de la que dispone cada distribuidor. Así como establecer unos criterios transparentes y homogéneos para la fijación de las tarifas reguladas por las Comunidades Autónomas. Por último, y con objeto de asegurar la seguridad en las instalaciones, se recomienda revisar el criterio legal de actuación sobre la interrupción del suministro en casos de ausencia del titular o falta de autorización para acceder a las instalaciones, cumpliendo siempre plenamente las garantías para el usuario.
