• La norma limitará la publicidad, patrocinio y promoción de bebidas alcohólicas para reducir su consumo entre menores y otros colectivos de riesgo.
• La CNMC sugiere que, dado que la norma propone obligaciones en materia sanitaria, su financiación y ejecución deberían clarificarse.
• Aconseja que la normativa de regulación audiovisual y de telecomunicaciones se ajusten para ser coherentes con la nueva ley y reforzar la seguridad jurídica de los operadores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad (IPN/CNMC/025/24). 

La futura norma establece diversas medidas y fija limitaciones a la publicidad, patrocinio y promoción de bebidas alcohólicas para disminuir el consumo entre los menores de edad y otros colectivos de riesgo, como las mujeres lactantes. Asimismo, establece un régimen sancionador para garantizar su cumplimiento.

Recomendaciones 

El anteproyecto se adecua a los principios de buena regulación sin que se aprecien restricciones injustificadas a la competencia. En todo caso, se señalan las siguientes mejoras:

• Aclarar algunas de las obligaciones que crea la ley y su forma de financiación, particularmente en el ámbito sanitario.
• Desarrollar la composición, la naturaleza y las funciones del nuevo órgano que analizará las comunicaciones comerciales.
• Las formas de corregulación y autorregulación no pueden ser un medio para intercambiar información comercialmente sensible por parte de empresas competidoras.
• La CNMC ofrece su colaboración para evaluar los modelos de códigos de conducta que se proponen.
• Una mayor justificación de las limitaciones a la publicidad en la vía pública en cuanto al radio de distancia de los centros frecuentados por menores (colegios, centros educativos, etc.).
• Adecuar, salvo que se acrediten razones de interés público, el régimen temporal de las prohibiciones de contratar al establecido por la normativa de contratación del sector público.
• Realizar ajustes en la normativa de regulación audiovisual y de telecomunicaciones — en lo relativo a la prohibición de publicitar bebidas alcohólicas a menores por parte de los prestadores de servicios audiovisuales, plataformas de intercambio de vídeos y redes sociales — para que sean coherentes con la nueva norma. 
• Incluir el control parental para impedir la difusión de publicidad de bebidas alcohólicas y tipificar el incumplimiento de la publicidad a través de servicios de comunicaciones electrónicas.

La CNMC puede actuar de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) o a petición de las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con su artículo 5.2).

Contenido relacionado: 

•    IPN/CNMC/015/17 Informe sobre el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, de 12 de septiembre de 2017. 

•    IPN/CNMC/018/23 Informe sobre el PRD que modifica el RD que regula aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y productos relacionados.

•    IPN/CNMC/043/21 Informe sobre el PRD por el que se desarrollan entornos más seguros de juego, de 15 de diciembre de 2021. 

•    IPN/CNMC/006/24 Informe sobre el PRD por el que se modifica el RD de regulación del juego en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego para la introducción de un sistema de límites de depósito conjunto por operador.

•    IPN/CNMC/020/24 Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.

•   IPN/CNMC/035/23 Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos a efectos de ser considerado Usuario de Especial Relevancia.

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