Impugnaciones de normas y actos administrativos
La CNMC es competente para impugnar ante los tribunales los actos administrativos y las disposiciones normativas con rango inferior a la ley, de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados. Esta potestad se denomina “legitimación activa” y viene recogida tanto en la ley de creación de la CNMC, como en la de garantía de la unidad de mercado.
Su aplicación se basa en los principios de necesidad y proporcionalidad y constituye el último recurso ante situaciones de especial gravedad para la competencia efectiva. La CNMC es una de las pocas autoridades de competencia y regulación en el mundo que dispone de este instrumento para implementar la mejora regulatoria.
Parte de los recursos que interpone la CNMC se acompañan de informes económicos de carácter pericial, cuyo objetivo es analizar el impacto económico de las restricciones a la competencia objeto de impugnación, incorporando en ocasiones una cuantificación del coste que entrañan para los consumidores y para el bienestar social.
