La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado nuevas inspecciones simultáneas en las sedes de varias empresas fabricantes y/o distribuidoras de cables eléctricos de baja y media tensión en el marco de la investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas. 

Las inspecciones realizadas en el día de ayer de forma simultánea en varias empresas forman parte de la investigación abierta por la CNMC hace seis meses. Los días 1, 2 y 3 de julio de 2015 se inspeccionaron las sedes de varias empresas y de una asociación del sector de la distribución y venta de cables eléctricos de baja y media tensión. El motivo de esta investigación es la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas en este sector,  consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales, así como en el reparto de contratos en el marco de licitaciones convocadas en el territorio español.

Para realizar estas inspecciones, técnicos de las autoridades de competencia autonómicas de las localidades donde se ubican dichas empresas han colaborado con la CNMC.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

En el caso de que como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador. Los acuerdos entre competidores se consideran una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa. 

La investigación de los cárteles constituye  una de las prioridades de actuación de la nueva CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.

Para ello se cuenta, entre otros, con el programa de clemencia que permite a las empresas que forman parte de un cártel  beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.