- Analiza las implicaciones de dos proyectos normativos desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente.
- Considera que no debería imponerse la existencia de restricciones en este sector por una pretendida analogía de las existentes en el sector del taxi.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha publicado los informes relativos a dos proyectos normativos que regulan la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, como consecuencia de su necesaria adaptación a normas de rango legal aprobadas recientemente.
En concreto, son dos informes referidos al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), en materia de arrendamiento de vehículos con conductor y al Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la sección segunda del capítulo IV del título V, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.
Las modificaciones presentadas se producen en un nuevo contexto regulatorio que viene condicionado porque han surgido ciertos elementos novedosos que afectan al sector y a la dinámica del mercado (en especial la economía colaborativa). Esto da lugar a nuevos modelos de prestación de servicios, entre los que se encuentra el transporte discrecional de viajeros en vehículos privados, y que plantea importantes beneficios a los consumidores en forma de mayor competencia, mayor eficiencia en la asignación de los recursos infrautilizados, menores costes de transacción y reducción de los problemas de información asimétrica, entre otros. Para garantizar dichas ganancias es necesario que la regulación no introduzca distorsiones innecesarias en el funcionamiento del mercado.
La Autoridad de Competencia ha realizado un seguimiento exhaustivo de las diversas reformas normativas que se han producido en el sector. Así, valora positivamente que se hayan eliminado alguna de las restricciones anteriormente señaladas, si bien existe todavía un amplio campo de mejora para eliminar otro conjunto de restricciones que deberían ser objeto de replanteamiento.
Por otro lado, resulta de especial relevancia para la regulación del alquiler de vehículos con conductor la indebida asimilación con la regulación del sector del taxi. En particular, no debería imponerse la existencia de restricciones en este sector por una pretendida analogía de las existentes en el sector del taxi.
Se detallan, entre otras, las restricciones detectadas en ambas normas:
- Obligación de disponer de un número mínimo de vehículos
- Obligación de disponer de una determinada forma jurídica para operar
- Necesidad de que las autorizaciones se otorguen por vehículo y no por empresa
- Obligación de realizar el arrendamiento de todas las plazas del vehículo
- Obligación de que los vehículos tengan carácter representativo
- Denegación del otorgamiento de licencias si se considera que existe una situación de desequilibrio entre la oferta y la demanda
- Regla de proporcionalidad en la prestación del servicio en una Comunidad Autónoma
- Diferente trato a favor de incumbentes
- Exigencias en relación con la “base de operaciones”
En líneas generales, estas restricciones suponen un perjuicio directo para los operadores del mercado (potenciales o actuales) que verán aumentar sus costes de acceso al mismo, así como para los usuarios, que verán restringida su capacidad de elección respecto a la oferta disponible. Teniendo en cuenta el impacto negativo de las mismas, se considera procedente señalar la necesidad de su replanteamiento a la luz de la normativa indicada y de los principios en que aquella se sustenta, relativos a la regulación económica eficiente (necesidad, proporcionalidad, mínima restricción).
La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Fomento en ejercicio de las competencias de la CNMC en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
