- Las empresas son Toro y Betolaza, Félix de Inchaurraga, García Munté Energía, Grafitos Barco, Candel Energía, Cementos Tudela Veguín y Capex CGC.
- Las posibles infracciones consistirían acuerdos de reparto del mercado, acuerdos de fijación de precios e intercambio de información comercial sensible en el mercado
La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) ha abierto un expediente sancionador contra siete empresas empresas del sector de combustibles sólidos. En concreto se trata de Toro y Betolaza SA, Félix de Inchaurraga SL, García Munté Energía SL, Grafitos Barco SA, Candel Energía SL, Cementos Tudela Veguín SA y Capex CGC SL.
Estas empresas podrían haber realizado acuerdos de reparto del mercado, acuerdos de fijación de precios e intercambio de información comercial sensible en el mercado. Todas ellas son infracciones recogidas en el artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), así como del artículo 101 del Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
La conducta se habría producido en el mercado de la comercialización de coque metalúrgico, coque de petróleo, hulla, antracita, espumantes y recarburantes en el territorio nacional desde, al menos, 1999 hasta, al menos, 2018. Dichos productos son diferentes tipos de combustibles sólidos utilizados en diversas actividades económicas, en general como fuente de energía o como insumo para la producción de otros bienes. Estos hechos se produjeron desde, al menos, 1999 hasta, al menos, 2018.
Desde el pasado mes de octubre, la CNMC ha realizado inspecciones en las sedes de distintas empresas ante la sospecha de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas, prohibidas por las citadas Leyes de Defensa de la Competencia (nota de prensa). En función de la información recabada, se ha incoado este expediente sancionador.
La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC.
La lucha contra los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el Programa de clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección.
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