- Esta rama de la economía parte de la psicología de los individuos para comprender mejor el funcionamiento de los mercados.
- Entre sus aplicaciones, está utilizar estímulos cognitivos para evitar regular o prohibir ciertas situaciones.
- Varios países e instituciones, como la OCDE, la Comisión Europea o el Reino Unido, utilizan desde hace años estos instrumentos de forma sistematizada.
La economía conductual se basa en el comportamiento de los individuos, a partir de sus sesgos cognitivos y de percepción, para comprender mejor los mercados y aumentar la eficacia de las intervenciones públicas.
En un estudio recién iniciado, la CNMC analizará cómo aprovechar su potencial para mejorar la regulación, la supervisión y las intervenciones públicas.
“Nudges” o empujoncitos
Una aplicación clásica es usar estímulos cognitivos (“nudges” o empujoncitos), que influyen en los individuos y ayudan a conseguir objetivos de interés general; por ejemplo, opciones preseleccionadas en formularios o una campaña de sensibilización.
Los poderes públicos evitan así tener que recurrir a regulaciones más restrictivas, como obligaciones o prohibiciones, o utilizar incentivos que pueden resultar más costosos (subvenciones e impuestos).
Varios países e instituciones, como la OCDE, la Comisión Europea o el Reino Unido, utilizan desde hace años estos instrumentos de manera sistematizada para mejorar la calidad de su intervención pública en los mercados.
La CNMC, en virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tiene entre sus funciones la promoción de una competencia efectiva en los mercados mediante, entre otros, la realización de estudios y trabajos de investigación en materia de competencia, así como informes generales sobre sectores económicos, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa.
El Plan de Actuaciones 2023 de la CNMC contempla la elaboración de estudios que contribuyan a una mayor eficiencia de los mecanismos de regulación e intervención públicas.
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