La autoridad reguladora española – la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) – y la autoridad reguladora francesa – la Commission de régulation de l’énergie (CRE) – han adoptado una decisión para revisar el reparto de la financiación del proyecto de interconexión eléctrica "Golfo de Vizcaya", que une Francia y España. A pesar del aumento de los costes del proyecto, debido a un contexto de tensión en los mercados de materias primas, las autoridades reguladoras han reconocido que el proyecto sigue siendo beneficioso para ambos países y, en particular, para Europa. Por ello, este proyecto cuenta con un importante apoyo europeo, que asciende a 578 millones de euros.

El proyecto del Golfo de Vizcaya consiste en la construcción de dos enlaces eléctricos independientes, cada uno con una capacidad de 1.000 MW, entre Cubnezais (Francia) y Gatica (España). Contempla aproximadamente 400 km, incluido un tramo marítimo de 300 km. Se prevé que el proyecto entre en servicio en 2028, duplicando la capacidad de interconexión entre España y Francia de 2,8 GW a 5 GW. El proyecto del Golfo de Vizcaya fue objeto de una decisión de financiación conjunta adoptada por las autoridades españolas y francesas el 21 de septiembre de 2017. En ese momento, el coste se estimó en 1.750 millones de euros.

Debido a un contexto de mercado desfavorable, los precios de los principales componentes de estos futuros enlaces han aumentado considerablemente desde las estimaciones iniciales. Las previsiones actuales prevén un coste de 2.850 millones de euros, con un margen de riesgo de 250 millones. Sin embargo, los beneficios previstos del proyecto también han aumentado considerablemente, debido a la evolución prevista del mix energético y del consumo de electricidad en los países europeos, en un contexto de aceleración de la transición energética. Además, el proyecto se beneficia de una subvención europea de 578 millones de euros del Mecanismo Europeo de Interconexión (MIE), lo que refleja la importancia del proyecto para la Unión Europea.

Por ello, los dos reguladores han adoptado hoy una decisión conjunta en la que reconocen el valor del proyecto y modifican el acuerdo de reparto de costes del proyecto previstos en 2017, en particular, para tener en cuenta el actual contexto económico y energético.

Este acuerdo confirma la importancia de este proyecto para ambos países y asegura su implementación.