- El servicio de terminación móvil se presta en un entorno de competencia efectiva como consecuencia de la aprobación del Reglamento de la Euro-tarifa y se propone la supresión de las obligaciones impuestas a los operadores móviles.
- La CNMC, de todas formas, podría intervenir de inmediato en caso de detectar prácticas anticompetitivas por parte de los operadores.
La CNMC ha lanzado una consulta pública en la que propone eliminar en un plazo de 6 meses las obligaciones impuestas a los operadores en el mercado de terminación a redes móviles (ANME/DTSA/002/22/M2-2014).
La CNMC analizó este mercado por última vez en el año 2018, designó a cada operador móvil con red (OMR) y operador móvil virtual completo (OMV completo) como operador con poder significativo de mercado (PSM) en la prestación del servicio de terminación de llamadas vocales en su respectiva red e impuso obligaciones de acceso a redes, control de precios, transparencia y no discriminación. También determinó los precios del servicio de terminación móvil para todos los operadores.
El precio de terminación móvil es la tarifa que cobra un OMR/OMV completo a cualquier otro operador por terminar las llamadas en su red. La progresiva reducción de los precios mayoristas regulados de terminación móvil ha sido fundamental para fomentar la competencia en el mercado de voz móvil, permitiendo reducciones de precios al usuario final y la progresiva implantación de tarifas planas.
Con la aprobación del Reglamento de la Euro-tarifa en diciembre de 2018, la Comisión Europea determinó el precio máximo de terminación móvil en todos los países de la Unión Europea a partir de julio de 2021. Es decir, los precios del servicio de terminación han pasado de ser fijados por cada regulador nacional a ser fijados por la Comisión Europea. Los precios establecidos por la Euro-tarifa son los siguientes:
La CNMC considera que la Euro-tarifa garantiza que el precio de terminación móvil se sitúe en el nivel de un mercado competitivo, por lo que las obligaciones nacionales en vigor ya no son necesarias.
La CNMC cree además que la legislación en materia de competencia sería suficiente para abordar adecuadamente potenciales problemas que se pudieran detectar en el mercado.
Las potenciales conductas restrictivas de la competencia serían detectables (por ejemplo, a través de la correspondiente denuncia por parte del operador implicado) y podrían motivar la adopción de medidas –incluso medidas provisionales– por la CNMC.
Asimismo, la CNMC también podría actuar conforme a la normativa de telecomunicaciones, por ejemplo, a través de los procedimientos de resolución de conflictos.
Esta propuesta de la CNMC se somete a un periodo de consulta pública de un mes de duración improrrogable, en el que se recabarán las opiniones de los agentes del sector. Posteriormente, este organismo remitirá su proyecto de medida a la Comisión Europea antes de adoptar una resolución definitiva.
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