• La regulación de la movilidad urbana debe tener un enfoque global sobre la situación del taxi y de los VTC.
• Algunas autonomías han regulado los servicios VTC o tienen previsto hacerlo imponiendo restricciones contrarias a los principios de buena regulación económica.
• Los consumidores se verán perjudicados por la limitación sobre los servicios VTC y la reducción de competencia en los servicios de taxi.
• En octubre de 2018, la CNMC y las autoridades autonómicas de competencia acordaron una declaración común, recordando la importancia de los principios de regulación económica eficiente.

El Presidente de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha remitido una carta a todos los consejeros autonómicos competentes en materia de transporte y en materia de economía. En ella les traslada su preocupación por los efectos perjudiciales para los consumidores y usuarios de las nuevas regulaciones de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

Tras la aprobación del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, algunas comunidades autónomas han regulado la actividad de VTC o están en proceso de hacerlo. Así, Cataluña aprobó en enero el Decreto-ley 4/2019 e Illes Balears aprobó en febrero el Decreto-ley 1/2019; mientras que Comunidad Valenciana y País Vasco han anunciado sus planes para regular la actividad.

Las nuevas normas autonómicas coinciden en obligar a que los servicios VTC se precontraten con un periodo de antelación mínima (mínimo de 15 minutos en Cataluña, 30 minutos en Illes Balears). Otras limitaciones a los VTC son la exigencia de título habilitante a los intermediarios (Illes Balears) o la prohibición de la geolocalización y de estacionamiento en vías públicas (Cataluña). Las líneas generales de las regulaciones anunciadas en Comunidad Valenciana y País Vasco contienen restricciones similares.

La CNMC lamenta que las regulaciones autonómicas introduzcan restricciones sobre la competencia y perjudiquen a consumidores y usuarios sin servir a un interés general, al no respetar los principios de regulación económica eficiente.

El pasado 17 de enero de 2019, la CNMC aprobó un informe sobre la normativa reguladora de taxis y VTC. En él insta a las administraciones públicas a regular para proteger y beneficiar a los usuarios y al conjunto de los ciudadanos, partiendo de un enfoque global de la actividad de la movilidad urbana. Es decir, de taxis y de VTC.

En la misma línea, el pasado 29 de octubre se realizó una Declaración del Grupo de Trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia sobre la nueva regulación en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. En ella se recuerda a las administraciones públicas autonómicas y locales que todas las medidas que adopten relativas al servicio VTC deben responder a la necesidad de proteger de un interés general y deben ser proporcionadas al objetivo perseguido.

La CNMC recuerda a las comunidades autónomas que es un órgano consultivo que está a disposición de las administraciones públicas para asesorarlas en el ejercicio de sus competencias regulatorias.

Asimismo, ha trasladado la disponibilidad de los servicios técnicos de la CNMC para asesorar a los gobiernos autonómicos en los procesos de regulación de la movilidad urbana. En concreto, a todo lo relativo a la actividad de taxis y VTC para su alineamiento con los principios de buena regulación económica.

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